Que
los políticos viven de espaldas al resto de la ciudadanía es algo que ya no
discuten ni los más tontos. El último bochornoso ejemplo nos lo acaban de dar
recientemente los miembros de la
Mesa del Parlamento de Andalucía. Resulta que habían aprobado
un complemento extraordinario desde el pasado 20 de marzo, sin decir ni mú, y
con una unanimidad que, cuando menos, produce cierto asombro. Porque todos
ellos, independientemente del partido político al que pertenecen, habían votado
a favor de la medida. Da igual que sean del PSOE, del PP o de IU. Cuando se
trata de trincar, aparcan sus diferencias y cierran filas sin que eso suponga
problema alguno.
En
la Comunidad
Autónoma de Andalucía un diputado cobra 3.020,29 euros
al mes. A esta cantidad hay que añadirle diferentes complementos, según
el puesto que desempeñe el diputado o la diputada y también algunas dietas
semanales en concepto de transporte, alojamiento y manutención. Según el acuerdo
del pasado 20 de marzo, los portavoces adjuntos cobrarían las dietas de los
miembros de la Mesa
y portavoces, unos 500 euros semanales, mientras que el presidente, que ya
cobra un complemento de 1.537,37 euros al mes, pasaría a embolsarse la nada
despreciable cifra de 500 a
600 euros semanales, es decir, entre dos mil y dos mil cuatrocientos euros al
mes.
Como
digo, la subida fue acordada el 20 de marzo, pero la opinión pública andaluza
no se ha enterado hasta el pasado jueves, cuando lo publicaron los medios
del Grupo Joly. El propio Presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, cuando
fue preguntado por algunos periodistas sobre dicho acuerdo, confesó que no
tenía ni la más remota idea de que existiera un compromiso de esas
características entre los diferentes grupos políticos que conforman el
Parlamento andaluz. Se ve que no le sentó demasiado bien la noticia, pues
algunas horas más tarde, el propio Presidente del Parlamento andaluz, el
también socialista Manuel Gracia, daba marcha atrás en su decisión, y todo ello
a pesar de que un día antes se había mostrado partidario de dicha subida. Tras
la decisión de Manuel Gracia, los portavoces de los tres partidos, coincidieron
en calificar la subida como “desacertada”, “inoportuna”, “un error”, y otros
términos por el estilo. Lo curioso es que todos lo dijeran a posteriori y a
ninguno de ellos le pareciera una aberración antes de ponerla en marcha.
Lo
peor de todo este asunto es que la
Junta de Andalucía va a recortar la paga extra del mes de julio
de sus empleados públicos entre un treinta y un cuarenta por ciento y ha
dejado, por poner un ejemplo ilustrativo de sus políticas de recortes, a 4500
docentes sin empleo durante el curso 2012/2013. Y además no podemos olvidar que
el desempleo en Andalucía supera el 27 por ciento de la población activa. Sin
embargo, a la mesa del Parlamento andaluz, todo esto no le preocupa lo más
mínimo, como ha quedado demostrado con una decisión que, cuando menos, debería
sacarles los colores. Si tuvieran vergüenza, claro está.
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